Por Jessica Stern, Directora de Programs de IGLHRC; Traducido por Alejandra Sarda-Chandiramani

To read this blog in English, see: Observations and Meanings from the First-Ever LGBT-Specific Case Heard by the Inter-American Court of Human Rights: Karen Atala and Daughters Against the State of Chile

Escribo esto desde un avión que me lleva a Bogotá, Colombia, en la misma semana en que muchas de mis amigas están de vacaciones y en que me tocaba recorrer 161 km en mi bicicleta, desde el caluroso Brooklyn, Nueva York, donde vivo hasta las ventiladas playas al este de Long Island, como parte de una pandilla lésbica. Sin embargo, cancelé unas vacaciones que hubieran sido perfectas por una mujer a la que no conozco personalmente: Karen Atala.

Voy camino a una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Karen Atala e hijas contra el estado de Chile. Si el nombre de la señora Atala les resulta conocido es porque probablemente ya lo escucharon antes. La señora Atala es una madre lesbiana y una jueza chilena que perdió la tenencia de sus tres hijas — que en ese entonces tenían 5, 6 y 10 años de edad — en 2003 y su caso fue muy difundido. Después del divorcio, el ex marido de la señora Atala llevó ante la justicia la cuestión de la tenencia, y la señora Atala perdió. Haciendo referencia a la sexualidad de la señora Atala, la Corte Suprema de Chile emitió un veredicto homofóbico, sin muchas vueltas: consideró que las hijas de la señora Atala estaban en “situación de riesgo”, lo que las colocaba en una “posición de vulnerabilidad en su entorno social, dado que claramente su ambiente familiar único difiere en forma significativa del de sus compañeros de escuela y conocidos en el vecindario en el que viven, exponiéndolas al aislamiento y la discriminación, lo que también afectará su desarrollo personal”.

En estos siete largos años han pasado muchas cosas. Que mamá no las despertara para ir a la escuela. Que no hubiera necesidad de recurrir a la imaginación para que una niña mañosa comiera sus verduras. Sin necesidad de profundizar en el dolor de otra persona, podemos perfectamente imaginarnos la magnitud de esta decisión muy formal en las vidas muy personales de la señora Atala y sus hijas.

Pero antes de que dejen de leer este artículo, pensando que se trata de otra historia deprimente de tragedia homofóbica, permítanme que les dé un adelanto: esto se va a poner muy bueno.

Reparación a nivel regional
La señora Atala no sólo era una madre amorosa sino también una abogada inteligente y una jueza con colegas y amistades en lugares estratégicos, por eso en 2004 decidió que ya había agotado los remedios a nivel nacional y que le correspondía buscar justicia en los sistemas regionales de derechos humanos. Como signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), el gobierno de Chile está sometido a su jurisdicción, al igual que todos los otros estados firmantes en el continente americano, desde Guatemala hasta Argentina. Este quiere decir que si a una persona no se le hace justicia a nivel nacional, bajo circunstancias específicas el sistema regional de derechos humanos puede estar facultado para intervenir y exigirle al estado que encare determinadas acciones. Para aquellas/os que sabemos lo que significa que estados que son racistas, sexistas, islamofóbicos, anti-personas con capacidades diferentes, transfóbicos, homofóbicos y/o discriminatorios en cualquier otro sentido nos discriminen en forma sistemática, puede ser un alivio saber que – más allá de las fronteras nacionales – existen normas y estándares a los que podemos recurrir para que nuestros gobiernos asuman su responsabilidad cuando los mecanismos nacionales fallan.

Cronograma
Para resumir, es mucho lo que ha ocurrido en la búsqueda de justicia a través del sistema inter-americano de derechos humanos emprendida por la señora Ayala. A continuación les ofrezco un panorama de los acontecimientos más significativos.

  • Entre 2004 y 2007, a instancias y con la asistencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“Comisión” o CIDH), la señora Atala y el gobierno de Chile intentaron llegar a lo que se denominó “acuerdo amistoso”. En este período varias ONG, entre ellas IGLHRC, enviamos informes como amicus a la Comisión apoyando a la señora Atala (PDF).
  • En octubre de 2007, la señora Atala y su equipo jurídico informaron a la Comisión que las negociaciones habían llegado a su fin (suponemos que de manera no muy amistosa) y solicitaron que la Comisión analizara el caso. Chile protestó pero la Comisión admitió el caso para su estudio.
  • En diciembre de 2009, la Comisión dio a conocer su informe afirmando que Chile había violado el derecho de la señora Atala a no ser discriminada, que está garantizado por el Pacto de San José. Además, la Comisión le exigió al gobierno de Chile que “brindara a Karen Atala así como a M. V. y R. [sus hijas] amplias reparaciones por las violaciones a los derechos humanos producto de su decisión de quitarle a la madre la tenencia de sus hijas por su orientación sexual”. También llamó al estado a “promulgar leyes, políticas públicas, programas e iniciativas que prohíban y erradiquen la discriminación por orientación sexual en todas las esferas del poder público”. Citando la entrada escrita por la anterior Directora Ejecutiva de IGLHRC, Paula Ettelbrick, en este blog y en la que analiza esta decisión, la Comisión hizo algo histórico al afirmar sin lugar a dudas que “la discriminación por orientación sexual contra una madre o padre en cuanto a la tenencia de sus hijas/os viola la Convención Americana de Derechos Humanos”.
  • De febrero a agosto de 2010, el estado de Chile organizó un grupo de trabajo inter-gubernamental dedicado a abordar las recomendaciones de la Comisión. La conclusión final de la Comisión fue que “el Estado no ha cumplido con la recomendación de brindar reparaciones a las víctimas” y que “las medidas planteadas por el estado de Chile, si bien relevantes, son de carácter general y no apuntan de manera específica a evitar la repetición de la violación ocurrida en el caso que nos ocupa”. Como resultado de esto, en septiembre de 2010 la Comisión llevó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte”).
  • El 7 de julio de 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció que aceptaba el caso Karen Atala e hijas contra el estado de Chile, fijando los días 23 y 24 de agosto de ese mismo año como fecha para las audiencias.

Las consecuencias
El veredicto de la Corte tendrá consecuencias que van mucho más allá de cualquier tribunal y que defensoras/es de derechos humanos, ONGs, abogadas/os y – sobre todo – lesbianas, gays, personas bisexuales y transgénero (LGBT) deberían seguir de cerca, por algunas de las siguientes razones:

  • En primer lugar, la decisión de la Corte será de cumplimiento legal obligatorio, y el gobierno de Chile ya ha accedido a respetarla. A nivel nacional, si el veredicto es favorable, tendrá consecuencias positivas directas para la familia de Karen Atala, aunque es difícil imaginar cuáles podrían ser las reparaciones en un caso de tenencia que ya lleva ocho años tramitándose. Además, una decisión favorable de la Corte podría significar la promulgación y el cumplimiento de políticas y programas más fuertes por los derechos LGBT en Chile. (Cómo se traduciría una decisión de esta clase a nivel nacional es otro aspecto complicado de este caso, pero sin lugar a dudas se trata de una complicación agradable)
  • En segundo lugar, la Corte tiene pocos antecedentes en materia de discriminación por eso su decisión de aceptar un caso de discriminación por orientación sexual implica que este tribunal podría dar el paso extraordinario que significa basar, al menos en parte, su criterio de qué significa discriminación sobre su concepto de homofobia. Esto es algo notable. Comparado con lo que ocurre en la mayoría de las jurisdicciones – en las que la orientación sexual es un añadido reciente, algo que se interpreta como formando parte de normas pre-existentes, e incluso una manifestación de la discriminación que se considera menos flagrante que la que se basa en la religión o la raza – esta decisión estaría colocando a la orientación sexual en el centro mismo del concepto que utilizará la Corte acerca de un derecho fundamental.
  • Tercero, un veredicto favorable de la Corte constituirá la primera decisión a favor de los derechos LGBT por parte de un tribunal regional de derechos humanos que no sea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es imposible exagerar en cuanto a la importancia de esto.
  • Cuarto: como mínimo, una decisión favorable de la Corte contribuirá a la creciente percepción de que la homosexualidad no sólo no debe jugar ningún rol al momento de evaluar la capacidad de una persona para ejercer su rol materno o paterno, sino también que la homosexualidad constituye una categoría que debe estar protegida contra la discriminación. Esto ayudará a todas las personas que trabajan por los derechos LGBT en el mundo.
  • Por último, para los tribunales de todo el continente americano – desde los más locales hasta las cortes supremas- una decisión positiva en el caso Karen Atala significará que a ninguna madre y a ningún padre se la/o podrá volver a discriminar por su orientación sexual en un caso de tenencia.

Por el momento, no pensemos siquiera en la posibilidad de un veredicto negativo.

Teniendo en cuenta estas y otras posibles consecuencias, IGLHRC y sus aliados – especialmente Madre, Morrison & Foerster LLP y la Clínica Internacional sobre Derechos de las Mujeres en la City University of New York- presentarán a la Corte un informe como amicus, para aportarle evidencias de peso a favor de la señora Atala y sus hijas.

Haciéndome eco de lo que escribió Paula Ettelbrick al comienzo de su entrada de blog, voy a cerrar la mía diciendo: Gracias, Karen Atala. Suceda lo que suceda esta semana, frente a la injusticia cometida contra ti y contra tus hijas nos has ayudado a todas y a todos a ir hacia adelante. Por ahora, mis vacaciones pueden esperar.

Manténganse en contacto durante toda la semana para saber qué va pasando en el juicio…