Posted by: iglhrc | August 15, 2012

Paradojas Chilenas: Derechos LGBT en América Latina

por Pedro Garcia, Paula Ettelbrick Fellow

To read the original article in English, visit: Chilean Paradoxes: LGBT rights in Latin America 

Durante los últimos años ha habido avances importantes en materia de derechos humanos para la población gay, lesbiana, bisexual y transexual (LGBT) de América Latina. El reconocimiento de uniones civiles para parejas del mismo sexo en Brasil y en Uruguay, matrimonio homosexual en la Ciudad de México y en Argentina, y leyes que protegen la identidad de género en Bolivia, Chile y Argentina. Estos cambios ponen en duda viejos estereotipos que califican al subcontinente como una región conservadora, machista, y dominada por la moral de la iglesia católica.

La lucha por los derechos humanos LGBT en América Latina no es un camino de un solo sentido. Existen paradojas dentro de los Estados y entre las naciones. El año en que la Ciudad de México legalizó el matrimonio para parejas del mismo sexo, únicamente el 29% de la población de la ciudad apoyaba el derecho de estas parejas a adoptar. En Ecuador, la Constitución prohíbe explícitamente la discriminación por motivos de orientación sexual, pero también rechaza textualmente el matrimonio y la adopción por parejas del mismo sexo. EL matrimonio gay es legal en algunos casos en Brasil, pero la población transgénero sigue siendo víctima sistemática de violentos crímenes de odio. En el 2009, Brasil reportó el mayor número de asesinatos a personas transgénero del continente. En Costa Rica el diputado evangélico Justo Orozco, quien ha afirmado que la orientación sexual es un pecado y debe tratarse, es también presidente de la Comisión de Derechos Humanos.

Chile es una gran ilustración de estas paradojas latinoamericanas. Cuando Michele Bachelet, mujer socialista, asumió la presidencia en el 2006, grupos LGBT vieron una oportunidad para hacer avanzar sus derechos en un país de un conservadurismo rígido. Irónicamente, la mayor parte del debate y legislación sobre temas LGBT tuvo que esperar hasta la presidencia actual de Sebastián Piñera, el primer presidente de derecha desde la época de Pinochet.

Durante estos últimos meses, tres temas LGBT han recibido gran atención de la población chilena: una ley antidiscriminación, impulsada por una condena al Estado chileno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el asesinato del joven homosexual Daniel Zamudio; un proyecto de ley para permitir las uniones civiles pero prohibir el matrimonio a parejas del mismo sexo a nivel constitucional; así como el anuncio de que el Fondo Nacional de Salud chileno, el Fonasa, costeará cirugías de cambio de sexo a personas transgénero.

El camino hacia una ley antidiscriminación eficiente

El proyecto de ley antidiscriminación, introducido al Congreso chileno desde el 2005, permaneció estancado en la Cámara de Diputados por casi 7 años. No fue hasta marzo del 2012, poco después del asesinato de Daniel Zamudio, que asociaciones LGBT en conjunto con organizaciones internacionales presionaron por sacarlo adelante. Contribuyendo a la presión al gobierno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de la jueza Karen Atala, quien en 2005 había perdido la tuición de sus hijas debido a su homosexualidad, y reconoció la violación a sus derechos de igualdad por parte del Estado chileno.

La Constitución chilena reconoce el derecho de igualdad ante la ley bajo los Artículos 1º y 19º, pero distintos grupos afectados denunciaban la falta de mecanismos para reconocer y hacer válido el principio de la no discriminación.

El “Proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación” pretendía prohibir la “discriminación arbitraria”, e incluía la identidad de genero y la orientación sexual como categorías protegidas contra la discriminación. Las categorías contempladas en el concepto de discriminación arbitraria son: raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología u opinión política, religión o creencia, sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, edad, filiación, apariencia personal y enfermedad o discapacidad.

El 30 de abril del 2012, una Comisión Mixta revisó el proyecto y aprobó un texto que el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) consideró como un salto cualitativo, aunque reconoció que la norma “no es en todos sus puntos la que queríamos”. La Comisión Mixta aprobó el involucrar al Estado en acciones contra la discriminación, lo que habría de dar un aspecto preventivo a la ley. Además, eliminó un ejemplo en el Artículo 2º que asociaba directamente la diversidad sexual con los crímenes sexuales. La identidad de género y la orientación sexual también fueron incluidos en una modificación al Código Penal que los considera como agravantes en cargos de discriminación.

La Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta por 90 votos a favor, 16 en contra y 3 abstenciones el 8 de mayo del 2012. El Senado lo aprobó con 25 votos a favor, tres rechazos y tres abstenciones. El Movilh, la Fundación Iguales y otras organizaciones LGBT celebraron el proyecto.

Existieron también voces críticas al texto aprobado. Para Karen Atala, parte del consejo consultivo de la Fundación Iguales, la ley “no aporta más de lo existente en la legislación chilena, salvo agregar orientación sexual e identidad de género, pero constituye una espada de doble filo al relativizar los DDHH de 1ª generación y no cuenta con acciones afirmativas que era lo esperable para significar un verdadero cambio en aras de construir un Estado democrático e inclusivo”. Tras la promulgación de la ley, la Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad (OTD) emitió un comunicado de prensa denunciando la falta de acciones concretas y acción afirmativa de la ley.

La mayor limitante y una de las críticas más fuertes a la ley, es que su Artículo 2º permite casos de discriminación si otros principios fundamentales son evocados, como la libertad de consciencia, la libertad de enseñanza o la libertad de opinión.

El Presidente Piñera firmó la promulgación de la Ley Antidiscriminación el 12 de julio del 2012. El mismo día, el Movimiento por la Diversidad Sexual MUMS Chile, publicó en su cuenta de Twitter: “Fuerte y claro, No tenemos Ni que Agradecer , Ni aplaudir a los políticos por una Ley Mediocre. Vamos a protestar !!!”.

Sí a las uniones civiles, no al matrimonio homosexual

El proyecto de Piñera para uniones civiles

En mayo del 2011, el presidente Piñera recomendó al Congreso chileno pasar legislación para “proteger y salvaguardar” los derechos de las parejas de hecho – tanto heterosexuales como homosexuales. Esta medida fue una de las propuestas clave en la campaña de Piñera a la presidencia y causó gran debate en el país. Piñera reconoció que existen otras formas de relación que son efectivas y que el Estado está obligado a reconocerlas, protegerlas y respetarlas.

El proyecto, llamado Acuerdo de Vida en Pareja (AVP) daría a las parejas homosexuales y a las heterosexuales fuera del matrimonio, los mismo derechos de herencia y algunos otros beneficios sociales y de seguridad social. Sin embargo, varios activistas acusan al proyecto de querer formar un estatus de segunda categoría para las parejas que no sean matrimonios heterosexuales.

Tras la promulgación de la ley antidiscriminación, el ministro Andrés Chadwick pidió reactivar el debate. Sin embargo, el proyecto de AVP no ha sido aprobado y su debate sigue pendiente.

La reforma de la UDI para prohibir el matrimonio del mismo sexo

Sebastián Piñera ha sido claro en el hecho de que el AVP no cambia su concepto de matrimonio: “el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, que se casan para compartir un proyecto de vida, para generar una nueva familia, para recibir los hijos que Dios nos mande”.

Tan solo dos días después de que el Presidente mandara su proyecto de ley para el AVP al Congreso, miembros de la Unión Demócrata Independiente (UDI), uno de los dos grandes partidos de derecha chilenos, presentó ante la Cámara Alta una reforma constitucional que busca establecer que el matrimonio sólo pueda ser contraído entre un hombre y una mujer.

La reforma incorporaría en el primer artículo de la Constitución chilena que: “En garantía y protección de la familia, sólo un hombre y una mujer, tienen el derecho para contraer el matrimonio”. Quienes apoyan la ley aseguran que la reforma es necesaria para reducir el miedo de conservadores que consideran el AVP como un preludio a la legalización del matrimonio homosexual en Chile.

El avance del Movilh frente a los tribunales

En enero del 2011, en una situación sin precedentes, el Tribunal Constitucional de Chile aceptó recibir los alegatos de 3 parejas homosexuales que solicitaron al Estado modificar su legislación, tras un recurso de protección presentado por haber sido impedidas de casarse en el Registro Civil. Este caso es parte de una estrategia del Movilh, para desafiar la constitucionalidad del Artículo 102 del Código Civil, que define el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer.

En noviembre del 2011, el Tribunal Constitucional rechazó los argumentos como “inaplicables”. La votación fue de 9 contra uno, pues solo juez opinó a favor de una definición de matrimonio más incluyente. Los otros 9 jueces estuvieron divididos en tres corrientes: La corriente más estricta que consideró que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es inconstitucional. Otros tres jueces declararon que la decisión del Registro Civil estaba de acuerdo con la ley y que no había espacio para apelaciones. El último grupo también rechazó la apelación, pero hizo un llamado a enviar proyectos al Congreso para legislar sobre el tema.

El caso también fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago, que invocó “la imposibilidad de las parejas del mismo sexo de procrear” y se planteó que la “homosexualidad es causal del divorcio”. El Movilh llevó el caso a la Suprema Corte en diciembre del 2011, pero el recurso también fue rechazado . La Corte alegó que “el control de la constitucionalidad de las leyes corresponde al Tribunal Constitucional, y en esas condiciones no es factible que esta Corte por medio de la presente sentencia desentrañe si el artículo 102 del Código Civil se encuentra conforme o disconforme con las normas constitucionales”.

En abril del 2012, el Movilh anunció que denunciaría al Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Identidad de género y cirugías de cambio de sexo

El 24 de mayo del 2012, el Ministro de Salud chileno, Jaime Mañalich, anunció que a partir del 2013, hospitales públicos ofrecerían cirugías de cambio de sexo a través del Fondo Nacional de Salud chileno (Fonasa).

Los ciudadanos más pobres podrían acceder a las cirugías de forma gratuita, y el costo de las operaciones dependería del ingreso del paciente. Beneficios incluirían atención psiquiátrica, endocrinología y cirugía para quienes quisieran “recuperar su verdadera identidad sexual”, en palabras de Mañalich. Los procedimientos se harían en hospitales en Santiago, Concepción y Valparaíso.

El anuncio ha desatado controversia, incluso dentro de grupos de activistas LGBT. Miembros de la organización OTD opinaron que la forma de anunciar el plan fue torpe y que podría  tener un impacto negativo en la imagen nacional de la población transgénero.

El diputado y vicepresidente de la UDI, Felipe Salaberry, cuestionó los anuncios del ministro Jaime Mañalich, y afirmó que “la salud chilena clama cambios y modificaciones aún más urgentes”. La presidenta de Afrodita , el sindicato de transgéneros de Valparaíso, Zuliana Araya, afirmó estar contenta de que el gobierno esté “abriendo los ojos”, pero está en desacuerdo con la inclusión de un psicólogo o psiquiatra el procedimiento.

Actualmente, no existe una ley específica que permita el cambio legal de nombre o de sexo para personas transexuales. La decisión debe ser sustentada y apoyada por un equipo médico y documentos legales, y la decisión queda en manos de los tribunales, quienes pueden cambiar únicamente el nombre legal, el sexo, o ambos. Existen dos proyectos de ley sobre identidad de género en el Congreso. El primero fue introducido en el 2008 por María Antonieta Saa, y el segundo por el senador Alejandro Navarro en el 2012, con el objetivo de permitir a hombres y mujeres trans cambiar de nombre legal sin tener que ser sometidos a cirugías de reasignación sexual.

Recursos y bibliografía

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Biobiochile“Movilh: Bachelet pese a ser socialista, agnóstica y mujer no avanzó nada en diversidad sexual”, Biobiochile.cl, http://www.biobiochile.cl/2011/05/23/movilh-bachelet-pese-a-ser-socialista-agnostica-y-mujer-no-avanzo-nada-en-diversidad-sexual.shtml, May 23, 2012.

Informe 21, “’Piñera ha dado una lección de coraje a Bachelet’ dice colectivo homosexual”, Informe 21, http://informe21.com/sebastian-pinera/pinera-ha-dado-leccion-coraje-bachelet-dice-colectivo-homosexual, June 6, 2012

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Nadia Flores, “Presidenta de transgéneros opina sobre inclusión de cirugías de cambio de sexo a la salud pública”, Biobiochile, http://www.biobiochile.cl/2012/05/30/presidenta-de-transgeneros-opina-sobre-inclusion-de-cirugias-de-cambio-de-sexo-a-la-salud-publica.shtml, 30 de mayo de 2012.

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Movilh, “Legislación: Leyes y Proyectos”, Movimiento de Integración y LIberación Homosexual, http://www.movilh.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=492&Itemid=12#legislacion, accessed on June 6, 2012

Andrés Rivera Duarte, “Informe sobre Chile: Violación a los DDHH de Personas Transexuales, Quinta Ronda del Examen Periódico Universal ONU”, Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad, http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CH0QFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.indh.cl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F03%2FEPU-OTD.pdf&ei=pmvPT8fyEoS_6AH63-WoDA&usg=AFQjCNHQN5hRH4-c-FkA6w4vP5x2DfpUNA&sig2=Es_qK46pJg_TsApUQp4XOg, March 20, 2012


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